El ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo Ramírez, pasará a la historia como rematador del país, el liquidador de la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU) y el promotor de que le Perú perdiese el control de su infraestructura y soberanía portuaria. Además de haber concesionado los puertos de Paita y Matarani a grupos vinculados con capitales chilenos, Cornejo entregó el 1 de abril último, en una cuestionadísima decisión, el Terminal Norte Multipropósito del Callao al Consorcio APM Terminals, segundo operario portuario en el mundo, a cambio de migajas. A Cornejo no le importó que los trabajadores de ENAPU, el Ministerio de Defensa, Adex, Ositran, los otros postores y congresistas denunciaran irregularidades en la licitación. APM Terminals administrará por 30 años el Terminal Norte, que es como Alan García rebautizó al puerto del Callao, el más importante del Perú y de toda la costa del Pacífico sur, a cambio de realizar proyectos de inversión por 750 millones de dólares. Sin embargo, APM Terminals solo está obligada a invertir la mitad de ese monto y recién lo hará luego de tres años. Lo que sí hará desde el saque, y sin invertir un solo dólar, será quedarse con los millones de dólares recaudados por la operatividad del puerto y usará, gratuitamente, toda la infraestructura de ENAPU: dos grúas pórticos compradas el 2009 por 24 millones de dólares, 7 muelles, 13 amarraderos y 12 patios de descarga de contenedores. Solo en mejorar estos patios, ENAPU invirtió más de 10 millones de dólares en los últimos cinco años.
Además gracias a una conveniente modificación de las leyes por parte de Cornejo y de García, ENAPU se convirtió en “socio” de APM Terminals y le transfirió sus activos: 120 hectáreas de terrenos contiguos al puerto, sus ingresos anuales de 400 millones de soles y sus utilidades valorizadas en 100 millones. A cambio de todo esto, ENAPU solo recibirá una “compensación” del 17.01% de las utilidades de APM Terminals, monto que no le alcanzará para pagar los sueldos de los trabajadores y pensiones de los jubilados, ni para seguir manteniendo operativos a los demás puertos del país. Esta concesión significa la inexorable quiebra y muerte de ENAPU. Ese es el Perú que avanza, versión Alan García.
Pero las gollerías dadas a APM Terminals, integrada por las empresas APM Terminals y Callao Port Holding (de los Países Bajos) y Central Portuaria (del Perú), son interminables. Este consorcio ganador podrá usar la infraestructura instalada por su competidor emiratí Dubai Ports (DP World). DP World invirtió más de 400 millones de dólares en crear su propio muelle –conocido como Muelle Sur-, ubicado junto al puerto del Callao, y en adquirir seis grúas pórtico y otras maquinarias. DP World ha denunciado una competencia desleal y ha pedido al Estado peruano igualar las ventajas dadas a APM Terminals, pues de lo contrario planteará un arbitraje internacional contra el Perú por incumplir su compromiso de garantizar una competencia justa. DP World pedirá una indemnización de 250 millones de dólares y amenaza también con dejar de invertir 144 millones de dólares comprometidos en otras obras pendientes. ¿Es que Cornejo y García ahuyentan a las inversiones? No necesariamente. Es que el billete negro sigue siendo una constante del alanismo ladrón.
Al gobierno de García tampoco le importa que el manejo del puerto del Callao a manos de dos consorcios internacionales genere la quiebra de unas 60 empresas que ofrecen servicios portuarios conexos. Lo más preocupante es la incierta situación de los 1,100 trabajadores y 2,500 jubilados de ENAPU a nivel nacional. Solo en el puerto del Callao hay unos 800 trabajadores y APM Terminals está promoviendo el cese colectivo de ellos y ha invitado a 44 trabajadores, todos ellos operarios, a que se incorporen al consorcio solo por dos años. El personal administrativo fue descartado.
Víctor Castillo Ríos, secretario general del Sindicato de Trabajadores de ENAPU, dijo que, bajo estas condiciones, ENAPU no podrá generar utilidades y cubrir con el pago a trabajadores y pensionistas. “Nunca se consultó nada a los trabajadores y APM Terminals sólo nos ofrece contrato por dos años y no pagará nuestras bonificaciones por tiempo de servicios. ENAPU está exigiendo 200 millones de dólares para cumplir sus obligaciones. De lo contrario, la empresa no podrá seguir manteniendo los puertos de Guacho, Supe, Yurimaguas, Puerto Maldonado, Pisco, Salaverry, Iquitos e Ilo. El presidente de ENAPU, Mario Arbulú Miranda, pretende que los trabajadores operativos que no trabajen para APM Terminals vayan a Ilo por un tiempo incierto. Tememos que ocurra lo mismo que en Paita, donde el consorcio Terminales Portuarios Euroandinos incumplió los contratos y rebajó las remuneraciones en un 50%, pese a que elevó las tarifas portuarias en un 300%. Aquí los trabajadores ya no cobran por turno sino por horas. Los estibadores ganaban 45 soles. Ahora reciben 25 soles por día. En Matarani los trabajadores tienen horarios de entrada pero no de salida. El temor aumenta porque ATM Terminals incumple sus compromisos laborales. Afronta huelgas en España y denuncias por corrupción en Costa Rica”, dijo Castillo Ríos.
Otro grave problema es el inminente desalojo de los más de 2,000 pescadores del muelle pesquero artesanal ubicado en el puerto del Callao y de otras 3,000 personas que realizan trabajos conexos, como estibadores, navieros, transportistas, etc. Además, se pretende desalojar a unas mil familias del pueblo joven de Puerto Nuevo, 250 familias de Frigorífico y 500 de Chacarita, todas contiguas al puerto. Lucio Bazalar Ángeles, secretario general de la Asociación Regional Unión de Pescadores Artesanales del Callao (ARUPAC), dijo que los ministerios de Transportes y de la Producción, ENAPU, la Autoridad Nacional Portuaria (ANP) y el gobierno regional del Callao buscan enviarlos a Bahía Blanca, en Ancón, o La Perla, en el Callao. La concesión del puerto fue tan rápida, que el
gobierno no implementó otro muelle para trasladar a los trabajadores.
“El muelle es un patrimonio cultural y lo usamos desde hace 90 años. Nunca nos consultaron esta concesión.
¿Dónde descargaremos nuestros productos? Nos botan a nosotros pero no a la Empresa Andina de Desarrollo – Andesac, que produce y vende harina de pescado y mariscos en conserva al costado de nuestro muelle”, dijo Bazalar Ángeles. Este secretario general denunció que Andesac está negociando con ENAPU cobrar a los pescadores por los servicios portuarios. “El 23 de febrero último, el gerente general de Andesac, Diego Tirado Melgar, envió a ENAPU su propuesta para cobrar 100 soles a los pescadores artesanales por descargar una tonelada de anchoveta, pero por ese mismo servicio nosotros pagamos 10 soles. El presidente de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), Frank Boyle, y Cornejo presionaron al ex ministro de la Producción, Jorge Villasante, para “desalojarnos”, dijo Bazalar Ángeles.
Enrique Cornejo trabaja estrechamente con Alan García desde 1980, cuando lo ayudó a elaborar el primer plan de gobierno del APRA. En 1985 fue nombrado secretario general de la Presidencia del Consejo de Ministros. En 1986 asumió la dirección del Instituto de Comercio Exterior (ICE). El ex diputado aprista Alberto Valencia Cárdenas dijo en 1991 que el ICE, que controlaba las importaciones y exportaciones, se creó para ocultar las inmoralidades cometidas a través de los dólares subsidiados (MUC) que otorgó García. Cornejo se defendió entonces diciendo que las irregularidades ocurrieron en 1989, cuando él había dejado su cargo. Sin embargo, Cornejo se vio envuelto en otro escándalo. Fue director del BCR en enero de 1986, cuando se efectuaron los depósitos de nuestras reservas
internacionales en el BCCI de Panamá. El presidente y el gerente general del BCR, Leonel Figueroa y Héctor Neyra, recibieron coimas por eso. El afán de Cornejo y García por concesionarlo todo los ha llevado a violar todas las leyes posibles.
Leopoldo Ortiz Centty, secretario general de la Federación Nacional de los Trabajadores de ENAPU, lamentó que los gobiernos no permitieran a ENAPU reinvertir sus ganancias para modernizar el puerto. “La prensa mentía al decir que ENAPU era ineficiente y parasitaria del Estado. Aquí se mueve al año 370 naves y tiene amarraderos para 17. García desprestigió a ENAPU, dijo que contra viento y marea iba a privatizar los puertos. El puerto de Matarani fue concesionado por 9´200,000 mil dólares por 30 años al Terminal Internacional del Sur (Tisur), del grupo chileno Claro, en sociedad con Dionisio Romero. En la concesión del puerto del Callao se concertó un gran faenón.
Bajo la administración de ENAPU, el puerto del Callao fue el primero de la costa sur del Pacífico. Ahora nos hemos quedado sin un solo metro de sus instalaciones. Es la traición más grave de García. Si hubiera un conflicto con Chile, no podríamos operar nuestro propio puerto”, dijo Ortiz Centty.
Y las irregularidades en la concesión del puerto del Callao continúan. En el año 2006, DP World ganó la concesión del Muelle Sur del Callao y Proinversión le afirmó que podría participar en la futura concesión del terminal
norte. Incluso, en el 2007, Cornejo defendió la posibilidad de que solo una empresa maneje todo el puerto. Pero el 21 de julio de 2010, Cornejo emitió el decreto supremo 033, firmado también por García, en el que se excluía la participación de DP World en la licitación. Por esto, el consorcio emiratí interpuso una acción de amparo que aún no se resuelve en la vía judicial. El proceso de concesión se dilató tanto que, el 17 de enero del 2011, García emitió el decreto de urgencia 001 declarando de necesidad nacional y prioritaria para Proinversión la concesión del Terminal Norte Multipropósito del Callao, junto a otros 32 proyectos. Este decreto tiene una demanda de inconstitucionalidad que aún no resuelve el Tribunal Constitucional, pues establece también que los terrenos y edificaciones de propiedad del Estado, incluyendo sus empresas, serán transferidos al concedente a título gratuito.
También en enero de este año, García emitió la resolución suprema 034 que dispuso levantar la intangibilidad de las aguas de la Base Naval del Callao, pues un grupo chileno manejará la concesión del muelle de minerales en una zona próxima a la Base Naval, afectando la maniobra de los buques y barcos pesqueros. El 29 de marzo último, APM Terminals y Hutchinson Ports Holdings amenazaron con retirarse del concurso si se permitía que DP World participase. Ese mismo día se modificaron las bases y el 1 de abril APM Terminals ganó la buena pro luego de ofrecer el 100% de descuento en las tarifas especiales del puerto. Cómo no iba a hacerlo si el Estado peruano la estaba subsidiando.
Los trabajadores de ENAPU pidieron la nulidad de la concesión a la Contraloría pero nunca obtuvieron respuesta. Ortiz Centty también denunció que la APN trabaja en forma ilegal, pues se niega a integrar en su directorio a un representante de los trabajadores portuarios. “Boyle debió convocar al directorio completo, regirse por la Ley de Puertos y respetar el Plan Nacional de Desarrollo Portuario que Cornejo ocultó. El presidente de ENAPU, Mario Arbulú, debió defender el puerto y no ser sepulturero de ENAPU. Para asustarnos Boyle y Cornejo nos han denunciado a Castillo Ríos y a mí”, dijo Ortiz Centty. El secretario general de los trabajadores de ENAPU agregó que el contrato no incluyó las observaciones del ministro de Defensa, Jaime Thorne, en las que pedía respetar la defensa nacional y garantizar la preservación de la infraestructura del Estado y la integridad de la capacidad operativa de la Marina de Guerra y del Servicio Industrial de la Marina (SIMA), ubicadas en el área concesionada.
El congresista Luis Negreiros indicó que “hay irregularidades en el modelo de concesión elegido. Estamos a punto de liquidar a ENAPU sin que se hayan valorizado adecuadamente sus activos. La asociación en participación debería otorgarle a ENAPU por lo menos el 50% de las utilidades del accionariado. Planteamos la coparticipación. Si hubo faenón, no me llamaría la atención. Es una vergonzosa concesión con una actuación criticable del gobierno de García por no haber mantenido una posición coherente”, dijo Negreiros.
La congresista Yaneth Cajahuanca, presidenta de la Comisión de Transportes de Congreso, indicó que “hay un tema de competencia desleal. No se está promocionando la inversión extranjera y estamos creando inestabilidad.
Cornejo tiene responsabilidad política pero pronto dejará el cargo y se irá a su casa. Debería darse una ley para que a los malos funcionarios se les aplique sanciones pecuniarias, pues si DP World demanda al Estado y gana, los 250 millones de dólares de indemnización saldrán de las arcas del Estado y eso no es justo”.
El Perú pelea con Chile una franja de mar pero le está entregando todos los puertos. Los faenones de García y su gente son aéreos, terrestres y aceitosamente marítimos.
Fuente: HILDEBRANDT EN SUS TRECE
Viernes 27 de mayo de 2011
